La prueba más determinante para una democracia madura es la capacidad de ésta para poder brindar la certidumbre necesaria para que las distintas fuerzas políticas acaten los resultados aunque estos no le sean favorables. Es cierto, siempre existirán malos perdedores que busquen rescatar su supervivencia política con teorías de conspiración y demás ataques a las instituciones. Es responsabilidad de éstas, sin embargo, el poder atender todas y cada uno de los cuestionamientos presentados y aclararlos de una manera que de certidumbre y definición a los resultados.

Las últimas seis elecciones presidenciales en México han dado, cada una por su propio mérito, mucho de que hablar. Aparentemente, salvo la más trascendental contienda, la del 2000, el resto han sido elecciones donde el resultado es alegado por algunos como el producto de manipulaciones o irregularidades. Desde la ya famosa “caída del sistema” del 1998 hasta el llamado “Sorianagate” del 2012, al terminar el ciclo electoral parte de la población ha quedado con un mal sabor de boca e incertidumbre al terminar cada contienda electoral. Éste cuestionamiento de los resultados habla del largo camino por recorrer que tiene México para tener una democracia consolidada. Lo más preocupante es la incapacidad de las instituciones encargadas de validar o no el resultado para dar certidumbre a todos los sectores de la población.

Las instituciones electorales mexicanas como el IFE y el Trife, aunque internacionalmente es considerado como el modelo a seguir en cuanto a la planeación y ejecución de elecciones, continúan siendo atacadas por la fuerzas políticas de izquierda que no se ha sido favorecido en las urnas. Es un derecho de toda fuerza política el poder llevar sus argumentos en pro y en contra de una elección a una autoridad competente que los juzgue y dictamine. El camino legal se acaba, sin embargo, una vez que el tribunal emane su decisión y en teoría, las fuerzas políticas deben aceptar este dictamen.

Sean válidos o no los argumentos del movimiento progresista en contra de la elección, el país, y la futura administración, emprenderá nuevamente seis años donde su estancia en el poder es cuestionada o calificada como espuria. Esto claramente complica la acción legislativa que se requiere crear alianzas para sacar las reformas estructurales que requiere el país. Independientemente el tinte de éstas, tanto de izquierda como de derecha, existe el consenso de que el estatus quo es inaceptable y que seis años mas de parálisis legislativa son algo que el país no puede darse el lujo de aceptar.

Independientemente de las preferencias políticas de cada uno de los mexicanos, es importante que se busque el solidificar y fortalecer a las instituciones para que estas le den, de una vez por todas, credibilidad a todos y cada uno de los resultados electorales. Aunque siempre existirán candidatos los cuales estén dispuestos a atacar a éstas instituciones cuando los resultados no le favorecen, es fundamental que éstas puedan responder de manera contundente y definitiva a las interrogantes presentadas. Algo que no paso en el 2006 y al parecer tampoco se pasará en el 2012. Es evidente que, al dejar sin responder directamente las razones de impugnación: los supuestos rebases de los topes de campaña, la compra del voto, o la cobertura desigual de los medios de información, no solo justifica la incertidumbre post-electoral sino que también complica la capacidad de futuras administraciones para gobernar efectivamente. Estas consecuencias simplemente son algo que nuestra joven democracia no se puede dar el lujo de permitir.